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En medio del debate por el nuevo decreto que propone una reestructuración profunda del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), una voz con 20 años de trayectoria dentro del organismo expresó su preocupación por lo que considera un “intento de desmantelamiento de la única política pública nacional que aún sigue vigente para el sector agropecuario”. Dijo el encargado del INTA Tornquist Ing. Federico Labarthe.
“El INTA no se opone a una reforma. Nunca lo hizo. Lo que reclamamos es que se nos escuche, que se respete la estructura participativa y federal que distingue al Instituto desde su creación en 1956”, explicó el técnico en diálogo con CELTTV Noticias.
El INTA es un organismo público cuya misión es “impulsar la innovación y contribuir al desarrollo sostenible de un sistema agroalimentario competitivo, inclusivo, equitativo y respetuoso del medio ambiente”. Esta misión se lleva a cabo mediante investigación, extensión, transferencia tecnológica, formulación de políticas públicas y articulación con actores nacionales e internacionales.
Uno de los pilares fundamentales del INTA —y su diferencial respecto a otros organismos— es la combinación de investigación y extensión en una misma estructura, lo que permite que el conocimiento generado llegue rápidamente a los productores. Además, cuenta con presencia en todo el país, desde Ushuaia hasta La Quiaca, y una gobernanza participativa única en el Estado argentino.
“Las asociaciones de productores, las universidades de agronomía y veterinaria, y las entidades agropecuarias integran el Consejo Directivo Nacional. Son quienes definen las líneas de trabajo, prioridades, presupuesto y objetivos estratégicos del INTA”, detalló.
Sin embargo, el nuevo decreto elimina esos espacios de cogestión. Se suprimen los consejos directivos nacionales, regionales y experimentales, y se centraliza todo el poder en un solo presidente designado por el Poder Ejecutivo. “Ese presidente, además de concentrar todas las decisiones, contará apenas con un órgano consultivo ad honorem, sin capacidad resolutiva. En la práctica, será una gestión unipersonal”, advirtió.
La preocupación se extiende también al impacto que esta centralización puede tener sobre las economías regionales. “Desde Buenos Aires se va a decidir qué unidades siguen funcionando, con qué personal, y en qué se investiga. ¿Qué pasará con la vitivinicultura en Mendoza, el cerezo en Chubut o el algodón en la Patagonia, si a quien esté a cargo no le interesa?”, se preguntó.
En Tornquist, donde la sede del INTA funciona gracias a un inmueble donado por la propia comunidad, el temor es concreto: “Cuando nos echen, lo primero que harán es rematar la casa. Una propiedad que los productores compraron para que funcione el INTA va a terminar en manos de vaya uno a saber quién”.
Actualmente, el INTA emplea a 6.000 personas en todo el país. “En los años 80, con 30 millones de habitantes, trabajaban 5.870 personas. Hoy somos más de 50 millones, y seguimos siendo casi los mismos. Cuando dicen que duplicamos la planta, comparan con la década del 90, cuando vaciaron el Estado”, señaló.
Más allá del impacto institucional, el entrevistado también destacó el valor científico y social del INTA. “Hay investigaciones que no las va a pagar nunca el mercado. Por ejemplo, las técnicas de engorde bovino, el uso de leguminosas o la selección de cepas de Malbec. Eso lo sostiene el Estado. Y si lo desmantelamos, lo perdemos para siempre”.
Por último, hizo un llamado a la reflexión: “No estoy preocupado por mi puesto. Estoy preocupado por el futuro del país, por la pérdida de conocimiento, de presencia territorial, y por el abandono de las economías regionales. El INTA no es de un gobierno. Es de todos”. subrayó el Ing. Federico Labarthe.
