Los editores nucleados en Diarios y Periódicos Regionales Argentinos (Dypra) repudiamos la ofensiva tapa publicada por la revista Noticias hacia las mujeres en general y hacia la Presidenta de todos los argentinos en particular.
Como figura pública, la Presidenta está al concurso de la mirada de toda la ciudadanía y tanto su ejercicio del Poder como todos los aspectos de su vida pueden ser y son cuestionados por distintos motivos, la manera en que se formulen las críticas y objeciones deben encuadrarse, como mínimo, dentro del marco establecido por la ley, además de los principios éticos y buenas prácticas informativas.
La publicación referida acentúa estereotipos de género degradantes hacia todas las mujeres, dando a entender que las mujeres en cargos políticos se comportan de manera inadecuada al mostrarse “desenfadadas”, en tanto que este es un comportamiento “sensual y hasta procaz”, y, por lo tanto, condenable. Quizás uno de los más preocupantes mensajes de la tapa es el que implícitamente afirma, mediante el estereotipo de la Sra. Presidenta, que las mujeres que se dedican a la política lo hacen porque el contacto con las masas es “erotizante”, desestimando la militancia, la ocupación de cargos anteriores, los méritos e incluso las circunstancias que llevan a ocupar posiciones en la administración del Estado.
Situaciones como estas son las que la ley 26.485 de protección integral hacia las mujeres está destinada a combatir. En este marco, la tapa de la Revista Noticias incumple con la Ley.
Es otro episodio, pero parte de la misma situación, el cruce de notas de la propia Presidenta Cristina Fernández y el titular del Grupo Techint, Paolo Rocca, desnudó una forma de trabajar periodísticamente por el grupo Clarín. La cadena de producción editorial decidió “cerrar” una nota de alta sensibilidad política sin haber accedido a las fuentes directas. En ese artículo, Rocca, representando nada menos que el principal grupo industrial argentino, aparece cuestionando la política de Gobierno en esa materia.
Resulta paradójico que desde estos medios se hable de la existencia de diferentes formas de censura y de agresiones a los derechos de la prensa. ¿Qué más evidencia de la inédita libertad en la circulación de ideas que existe en nuestro país que la posibilidad que tenemos de poner en manos de la opinión pública este tipo de informaciones?
Como parte de la comunidad periodística que en nuestro país dio duras disputas en épocas donde la actividad de prensa era perseguida y acallada, sabemos de la efectividad que tiene la caricaturización del poder a los fines de cuestionarlo. Numerosos maestros del género enaltecen la historia de nuestra prensa. Sin embargo, nos causa un profundo desprecio la caricaturización que ni siquiera es capaz de hacer pensar, ampliar los horizontes de críticas o explicar una situación de conflicto. Sabemos también que lo que no explica, oculta. Y aquí se está ocultando otro conflicto.
El paso trascendental, y que tanto molesta a los más poderosos empresarios de medios en Argentina, es la readecuación a límites que pone la Ley de Servicios Audiovisuales que debe comenzar a hacerse efectiva desde el próximo 7 de diciembre en nuestro país. El verdadero problema que limita el juego democrático dentro de la producción, circulación, distribución y consumo de bienes simbólicos es su concentración monopólica. Y eso cambiará en poco menos de 90 días. No deberá sorprendernos en este lapso, el recrudecimiento de ataques destituyentes hacia las autoridades legítimamente constituidas en Argentina.
Este accionar de los medios de comunicación, vinculados a los grupos empresarios poderosos, no es solo local. En toda la región el paso adelante que están haciendo los diferentes gobiernos en el sentido de las aspiraciones populares, está siendo golpeado recurrentemente desde los medios concentrados. Más que elocuente resulta el ejemplo de Paraguay, donde los medios de comunicación funcionaron como arietes del golpe de Estado contra el Presidente Fernando Lugo.
La Ley de Servicios Audiovisuales es una verdadera bisagra en nuestro país hacia la transición de una comunicación inclusiva, que garantice Derechos Humanos, que genere ciudadanía, que integre nuestras vastas regiones y que destierre para siempre el doble juego de pinzas, consistente en la Doctrina de Seguridad Nacional y Neoliberaolismo, con que los grupos concentrados dibujaron nuestro sistema cultural.
Somos conscientes de que los espacios participativos y, fundamentalmente, la capacidad de generar entramados empresariales donde pymes, cooperativas, mutuales, trabajadores, etc. puedan desarrollar su actividad comunicacional poniendo el centro en el Servicio Público, antes que en el mero lucro, es la única garantía de la concreción de esta ley.
Consejo de Administración de Dypra (Diarios y Periódicos Regionales Argentinos)